Caracas, 24 de marzo de 2020.- Las sanciones unilaterales y coercitivas de amplio espectro que se aplican a países que se enfrentan a la pandemia del Covid-19 deberían ser objeto de una reevaluación urgente, en vista de su posible repercusión negativa sobre el sector salud y los derechos humanos, declaró este martes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Añadió que la amplia gama de sanciones podría obstaculizar los esfuerzos sanitarios en Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Myanmar, Venezuela y Zimbabwe, señaló Bachelet.

“Es fundamental que se evite el colapso de los sistemas sanitarios nacionales, habida cuenta de la explosiva repercusión que eso podría tener en términos de muerte, sufrimiento y ampliación del contagio”, afirmó.

Aseguró que es un momento decisivo para atenuar o suspender las sanciones, tanto por razones de salud pública como para reforzar los derechos y defender las vidas de millones de personas. Reconoció que en un contexto de pandemia mundial, las medidas obstaculizan la atención médica en cualquier país e incrementan el riesgo que el mundo afronta.

“Las exenciones humanitarias ajenas a las sanciones deberían aplicarse de manera más amplia y eficaz, mediante la autorización rápida y flexible de suministrar equipos y material médico”, instó la Alta Comisionada.

Por ejemplo, en Irán, donde al menos 1.800 personas han fallecido a a causa del Covid-19, los informes de derechos humanos han insistido reiteradamente en la repercusión de las sanciones impuestas por el Gobierno de EE.UU, sobre el acceso a equipos y medicamentos esenciales, incluidos los respiradores y el material de protección que necesitan los trabajadores sanitarios.

Se pudo conocer que desde que se detectaron los primeros casos de Covid-19, hace cinco semanas, más de 50 médicos iraníes han fallecido a causa de esta afección. La tasa de contagio en Irán está propagándose a países vecinos, lo que aumentará la presión sobre los sistemas sanitarios en países como Afganistán y Pakistán.

“En la mayoría de estos países sancionados los sistemas sanitarios se encuentran en situación de debilidad o fragilidad. El progreso en la defensa de los derechos humanos es fundamental para mejorar esos sistemas, pero las medidas que obstaculizan la importación de suministros médicos esenciales, -entre otras el exceso de celo de los bancos en el cumplimiento de las sanciones-, causarán perjuicios duraderos a las comunidades más vulnerables. La población de esos países no es responsable en modo alguno de las políticas que han motivado las sanciones y, en diverso grado, ya han tenido que vivir en condiciones muy adversas durante largos periodos”, reconoció la Alta Comisionada.

Llamó a los Gobiernos que imponen sanciones a considerar como de especial importancia la proteción de la salud de los propios trabajadores sanitarios y las autoridades. “Nunca deberían sancionar a los profesionales de la medicina (…) los médicos, el personal sanitario y todos los empleados de los servicios de salud se encuentran en la vanguardia de esta lucha y nos protegen a todos”.

La Alta Comisionada instó a la unidad de los dirigentes mundiales. “La cooperación y la solidaridad internacionales son fundamentales en todo momento para promover los derechos humanos; y ahora también son vitales para promover los intereses nacionales de cada país”.

“Ningún país puede combatir eficazmente esta epidemia actuando en solitario. Debemos proceder de manera solidaria, cooperativa y cuidadosa”, afirmó, en alusión al llamamiento formulado la semana pasada por el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que instó a “una acción política coordinada, decisiva e innovadora” para frenar la propagación del COVID-19.

La posición de Bachelet, fue reconocida por el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, tras considerar como positivo que la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se sume al justo, humano y urgente clamor mundial en contra de las sanciones imperiales. /VTV