Caracas, 02 de Febrero del 2026.- El Gobierno nacional impulsa una nueva Ley de Amnistía como herramienta para consolidar la paz y la reconciliación nacional, expresó el abogado constitucionalista, Francisco Artigas en un contacto telefónico realizado en el programa “Al Aire”, que transmite Venezolana de Televisión, donde explicó que esta medida busca el perdón de delitos políticos cometidos por grupos de oposición desde el año 1999.
Asimismo, resaltó que el proyecto, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, representa un paso estratégico para cerrar ciclos de conflicto y fortalecer la estabilidad institucional del país.
El también profesor del Instituto de Investigación y Postgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura destacó que pese al alcance de esta iniciativa de pacificación, el experto aclaró que el beneficio no es absoluto y de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución, los crímenes de lesa humanidad y las violaciones graves a los derechos humanos quedan fuera de cualquier proceso de perdón.
Asimismo, mencionó que el marco legal excluye los delitos relacionados con el tráfico de drogas y las acciones directas contra el orden constitucional, lo que asegura que la búsqueda de paz no genere impunidad en faltas de extrema gravedad.
Artigas recordó que el país cuenta con antecedentes exitosos en el uso de esta herramienta jurídica como en el año 2000, cuando se dictó un perdón para militares alzados contra políticas económicas previas, mientras que en 2007 se aplicó una amnistía general tras los hechos del golpe de Estado de 2002.
Resaltó que esta nueva etapa retoma esa tradición de diálogo jurídico para atender las causas de quienes participaron en revueltas contra el Gobierno durante las últimas dos décadas.
Del mismo modo, comentó el especialista que un punto clave en el debate actual es la Ley Constitucional contra el Odio, la cual califica sus faltas como delitos graves.
El jurista señaló que, para que estos casos entren en el proceso de pacificación, será necesaria una revisión técnica de dicha norma porque “requeriría un proceso de revisión de esta misma ley, porque de lo contrario no entrarían dentro de violaciones graves en los derechos humanos” lo que requiere un esfuerzo adicional de coordinación entre los poderes públicos./VTV/@gobguárico.
